“Lo que hizo la declaración del Ministerio en 2012 fue proteger la Amazonía porque impidió que se siguieran realizando sustracciones para realizar actividades mineras en uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Para tomar la decisión, el Ministerio aplicó el principio de precaución, cuyo objetivo es dotar a las autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño o el riesgo o peligro que enfrenta el medio ambiente. Este principio opera cuando se dan cuatro circunstancias: i) que exista un riesgo por una actividad humana que pueda generar un daño, (ii) que ese riesgo tenga bases científicas; (iii) que el daño que puede ocurrir sea grave y (iv) que subsista la incertidumbre sobre los daños, como lo explicaron Natalia Orduz y Rodrigo Uprimny. El caso de la explotación minera en el Amazonas recogía los cuatro elementos pues ese tipo de intervención puede generar múltiples daños – incluso desconocidos e irreversibles-  en el ambiente.

Como el Ministerio aplicó el principio de precaución, la zonificación debe satisfacer los requisitos impuestos por esta medida. Es decir, demostrar científicamente cuáles son los posibles riesgos generados por la exploración y explotación minera. Por tanto, mientras el Estado no pueda demostrar cuáles son los daños generados por la minería, no puede volver a permitir la explotación. Y, a lo que le apostó Pearl, fue que el proceso de la zonificación fuera la plataforma para demostrar científicamente estos requisitos.

En cumplimiento de la orden de zonificar, el Ministro de Ambiente expidió a finales de 2013 y mediados de 2014, dos resoluciones que zonifican unas zonas de la Amazonía y levantan la suspensión de sustraer (Resoluciones 1925 de 2013 y 1277 de 2014). La razón para levantar la suspensión es que el Ministerio de Ambiente argumentó que al zonificar el territorio cumplió con el requisito de la Resolución 1518.

Sin embargo, las resoluciones y la decisión del Ministerio es problemática por tres razones y vuelve a poner en riesgo al pulmón del mundo.

En primer lugar, las resoluciones, a pesar de no zonificar toda el área de Reserva Forestal como exigía la 1518, levantaron la prohibición de sustraer de todo el territorio, dejando desprotegidas grandes extensiones de la Amazonía, entre ellas las zonas de resguardos indígenas. La zonificación sólo se realizó sobre lo que el Ministerio de Ambiente, en una presentación a medios de octubre de 2014, llamó las “áreas sin decisión de ordenamiento.” Como se ve en el mapa 2, el Ministerio sólo ha zonificado las zonas que no son parques nacionales, resguardos indígenas, parque natural regional, reservas forestales protectoras nacionales, o cabeceras municipales (ver zonas Tipo A, B y C). Eso significa que en el caso de Caquetá, Guaviare y Huila (CGH), el Ministerio sólo zonificó el 52,67% (6.309.035 ha) del territorio. La cifra se hace aún más preocupante en el caso de la zona de Vaupés, Amazonas y Guainía pues sólo zonificó el 8% del territorio; allí es alarmante que el 76% de todo el territorio sean resguardos indígenas y estas zonas no hayan sido zonificadas. En últimas, el Ministerio sólo organizó alrededor del 10% del territorio pero a pesar de eso levantó la suspensión en todo el territorio, con lo que vuelve a abrirle la puerta a la explotación minera de gran parte de la Amazonía.” (…)

“Con las dos resoluciones, el gobierno de Santos pinchó el salvavidas que en el 2012 le lanzó a la Amazonía. Una vez más mal interpretó la complejidad territorial y ambiental pues, contrariando la orden que dio en el 2012, sólo organizó una parte del territorio pero levantó toda la suspensión, abriendo la puerta a la minería en una gran área de la región amazónica. Para volver a rescatar la Amazonía, lo mejor sería que el Ministerio de Ambiente explicara que la prohibición de sustracción aún se encuentra vigente mientras no se zonifique toda el área de Reserva Forestal y se demuestren científicamente los riesgos de la explotación minera.”

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