Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es una prisión a la uno puede llegar sin haber cometido ningún delito. La mayoría de los internos de estos centros en España carecen de antecedentes penales y han acabado allí por haber incurrido en una falta administrativa: no tener papeles. Contra lo que pudiera pensarse, los CIE tampoco son destino exclusivamente de los recién llegados por la frontera sur, sino que en ellos se encuentran, sobre todo, extranjeros que llevan varios o incluso muchos años residiendo en el país. Esta condición atañe especialmente al colectivo de América Latina, que ha estado en el origen de la inmigración en España y es la segunda zona geográfica con mayor presencia en los CIE (un 36%), que sigue muy de cerca a África Subsahariana (un 38%).

“La mayoría de los latinoamericanos que están allí son gente con mucho arraigo en España”, dice Ángel Campos, miembro del grupo de visitas a los CIE de la ONG Pueblos Unidos. En 2013, dos tercios de los internos del CIE de Madrid llevaban más de cuatro años en España, y el 43%, más de siete, según un informe reciente de Pueblos Unidos. Muchos de ellos son inmigrantes que antes vivían legalmente en España y no han conseguido renovar sus tarjetas de residencia por haber perdido su empleo. En estos casos, según la organización, la policía solicita el internamiento atendiendo a la existencia de una orden previa de expulsión, pero ignorando las particularidades de cada caso, como la aportación de pruebas de arraigo que deberían impedir la entrada en el CIE.

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