Llevaba 11 años, seis meses y 13 días trabajando en España cuando Mohamed (nombre falso), se presentó en el registro civil para someterse a una prueba de integración para obtener la nacionalidad española. Este marroquí supo responder a preguntas que muchos españoles no acertarían, como el nombre del entonces presidente navarro, Miguel Sanz, pero falló otras como “qué personaje televisivo mantuvo una relación con un conocido torero” o “qué torero es conocido por su muerte trágica”, lo que, según el juez que preguntaba demostraba poco grado de integración en la sociedad española. Suspendió. Casi cuatro años después, la Audiencia Nacional acaba de darle la razón y la nacionalidad tras un largo proceso de recursos. El tribunal considera que “difícilmente se podría justificar” por esos “anecdóticos fallos” su“falta de integración” y que, al contrario, las preguntas que sí respondió correctamente son “claramente indicadoras de una implicación en la realidad del país en el que vive”.

Mohamed ha ganado la batalla –la Audiencia Nacional incluso impuso el pago de las costas a la Administración-, pero tiene miedo a que algo pueda torcerse todavía, explica su abogado, Antonio Sánchez de Boado. Su caso no es anecdótico. El Gobierno tramita miles de expedientes al año – entre el 1 de octubre de 2012 y el 8 de enero de 2015, después de un plan para agilizar los más atrasados, concedió 437.050 y denegó 21.075-. Pero al contrario que otros países, como EE UU, en España no existe un examen estándar o un manual de preguntas para evaluar el grado de integración de los inmigrantes que aspiran a la nacionalidad, lo que ha provocado, según reconocen el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, un “elevado grado de conflictividad” y “discrecionalidad administrativa”. Es decir, que unos jueces pregunten por el número de comunidades autónomas, y otros, por personajes del corazón o escritores del siglo de Oro.

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