Nos enteramos recientemente de que “Madrid anula las citas en el pediatra a miles de hijos de inmigrantes“. Y pensar que hasta antes del gobierno PP el modelo de salud pública español era alabado por toda Europa y tomado como guía por muchos países. Ello, cabe recordar, con uno de los menores gastos por paciente/año (entiendase, un modelo muy efectivo). Pasar de aquello a lo que se aplica hoy en las comunidades gobernadas por el PP es un absurdo que no me cabe en la cabeza.

Y no es que en el modelo anterior no hubiese fallos. Aunque el acceso estaba garantizado formalmente (con algunos casos de negación de atención injustificados), había inconvenientes en los tiempos de espera, en los tiempos de atención en hospitales, en listas de espera. El problema es que con los cambios que han ido introduciendo se mantienen todos esos problemas y se introducen otros más.

La violación de derechos básicos (como la atención a lxs menores sin el más mínimo ‘pero’), el retiro de la atención continuada -y preventiva- a cientos de miles de migrantes (con los consecuentes riesgos de salud pública), la pérdida de una de las instituciones mejor valoradas en España y en el exterior, que era la muestra fehaciente de que en efecto es viable social y económicamente un sistema universalista de salud pública. Nada de lo anterior es justificable bajo un supuesto criterio económico, por lo demás falso, pues garantizar únicamente la atención de urgencias implica un aumento en los costes de gestión (es de sobra sabido que la atención hospitalaria, sobre todo las urgencias, son mucho más caras que la atención primaria, que muchxs han perdido); ello sin profundizar en el hecho que los centros de gestión mixta serán financiado en parte con dinero público, pero sus ganancias irán a manos privadas.

Está de sobra demostrado que los países que experimentan importantes avances en su economía, lo hacen primero con una mejora en las condiciones de vida de sus ciudadanos, principalmente salud y educación (los ámbitos de los que el PP quiere que el estado se desentienda). El gobierno español, con oídos sordos frente la evidencia de los estudios sociales, está caminando activamente en la dirección contraria. Y la población española lo consiente. El país enferma de muchas formas, y aquí seguimos, como si nada, mientras el gobierno central nos informa que pondrá en circulación nuevas personas excluidas y que hará lo posible para que sean un riesgo para la salud de otrxs.