En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año (1992) lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor. 


En ese proyecto se invocaron “razones políticas” para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad en algunos delitos cometidos durante la toma cruenta del Palacio de Justicia en 1985.

En el proyecto pidieron extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada, en los procesos judiciales en que encuentran involucrados.

El proyecto, que se convirtió en ley en 1993, señalaron que el “beneficio” sólo puede cobijar a los procesados en juicios que tengan como antecedente la expedición de una ley de amnistía o que faculte al Gobierno para conceder indultos, o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de una política de paz.

En la exposición de motivos, Uribe Vélez y los demás autores de esta ley justificaron esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento. 

Hoy Álvaro Uribe Vélez es uno de los principales críticos de la ley marco para la paz, aprobada por el Congreso el año pasado y que se ha convertido en la principal hoja de ruta para las negociaciones con el Gobierno y las FARC. Su principal crítica es que los autores de delitos atroces vayan a quedar sin castigo y puedan participar en política. Una tesis que hace 21 años no contempló para garantizar la consecución de la paz, uno de los deberes garantizados en la Constitución.

El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19 – Semana.com.