Aunque en las denuncias del magistrado de la semana pasada no hay mucho de nuevo, sí sirvieron para poner sobre la mesa una descarnada descripción de cómo está funcionando la Justicia en el país. Y al igual que sucedió con las chuzadas, aunque esas prácticas fueran comunes la tolerancia sobre las mismas llega a su límite cuando se pueden probar. Y qué más prueba puede haber que un magistrado denuncie a otro de pedir plata y que este a su turno denuncie a todos sus colegas de clientelismo y tráfico de influencias.


Pero si la Corte Constitucional quedó muy mal parada por todo ese episodio, la Fiscalía tampoco salió muy bien librada. La acusación a la esposa de Pretelt de despojo de tierras, por predios adquiridos hace casi 15 años, suena por decir lo menos extemporánea. Y el calificativo de que la compra de esas tierras constituye un delito de lesa humanidad, con penas de cárcel hasta de 50 años, fue interpretado como un golpe bajo para presionar la renuncia del magistrado.

Lo grave de todo lo anterior es que en la antesala de la firma del fin del conflicto la credibilidad en la Justicia es más importante que en cualquier momento anterior reciente. Se vienen múltiples decisiones sobre la incorporación de los guerrilleros a la vida civil que requieren consensos nacionales. Si estas tienen que ser avaladas por las instituciones actuales no habrá consenso posible. La supervivencia del proceso de paz depende en buena medida de la renovación de la Justicia.

Vergüenza en la Justicia – Semana.com.