“” La Sanidad en España hoy es pública, universal y gratuita.” Esto es lo que repiten una y otra vez el Gobierno y los líderes del Partido Popular, incluso tras el anuncio de la modificación administrativa por la que supuestamente la población excluida va a tener acceso circunstancial a la Atención Primaria, sin tarjeta sanitaria y después de las elecciones de mayo.

Nos gustaría aclarar algunos aspectos y desmontar así las mentiras del Gobierno español.

La reforma que introduce el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012) supone un cambio radical del modelo de sistema sanitario en España, que pasa de ser un modelo basado en el derecho a la salud a un modelo de aseguramiento, en el que hay personas aseguradas y otras no aseguradas. El derecho a la asistencia sanitaria se vincula con determinados requisitos administrativos, el más importante es de carácter laboral. En función de tu relación con la Seguridad Social (INSS) tendrás o no derecho a la asistencia sanitaria: el derecho a la salud depende ahora de tener un trabajo.

Desde el año 1999 la sanidad no se financia mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, sino exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos directos e indirectos que pagan todas las personas residentes en el estado español, al margen de su situación administrativa o laboral. Las personas migrantes financiamos el sistema de sanidad pública a través de impuestos indirectos, y paradójicamente,  lo han convertido en un sistema sanitario que no podemos utilizar de forma normalizada.

El derecho a la salud sólo es un derecho en tanto que es universal, ya que la salud es un bien común. La transformación de nuestro sistema sanitario en un modelo de aseguramiento individual ataca este derecho según una lógica de mercado rentable para las empresas privadas que gestionan lo público y en cooperación con el mercado de seguros privados de salud. La salud es ahora un privilegio que depende de la situación administrativa individual y quedan excluidas de ese derecho las personas que no cumplan con los requisitos que el sistema impone.

Este modelo de aseguramiento fragmenta a la sociedad en estratos dependiendo de su nivel adquisitivo: personas que tienen derecho a todo, personas que tienen derecho a algunas cosas, personas que no tienen derecho… Pero, sobre todo, abre la puerta a que cada vez más gente pueda quedar excluida del sistema sanitario: basta con cambiar cualquier requisito en la legislación de la Seguridad Social. Así ocurrió en diciembre de 2013 con las personas españolas emigradas al extranjero. Una disposición adicional en el BOE, la sexagésimo quinta, estableció que “los españoles que salgan del país más de 90 días pierden la residencia a efectos de la Seguridad Social”, y con ello, el derecho a la asistencia sanitaria normalizada.”

via Vida (e)migrada, sanidad robada.