“A Enrique Santiago se le conoce en España de dos maneras. Una como dirigente político del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y otra como abogado del pueblo en causas tan sonadas como el caso Bárcenas, y en litigios de derechos humanos, algunos de ellos al lado de Baltasar Garzón. Desde hace un año se convirtió en el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego. Actualmente hace parte de la subcomisión jurídica, junto al reconocido político conservador Álvaro Leyva y al abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez. Su visión de la justicia transicional y los dilemas que se tratan de resolver en Cuba permite ver qué tanto castigo está dispuesta a aceptar la guerrilla, y cuáles fórmulas de acuerdo hay en discusión.

SEMANA: ¿Entienden las FARC que hoy los procesos de paz requieren una dosis de justicia?

Enrique Santiago: Las FARC entienden perfectamente el derecho internacional. Prueba de ello es que se han aprobado medidas concretas como la Comisión de Verdad, con estándares muy altos.

SEMANA: ¿Aceptan que podrían ir a un tribunal?

E.S.: Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición.

SEMANA: Habrá alguna dosis de impunidad…

E.S.: En Colombia hay impunidad pero no son las FARC las que han disfrutado de ella. Ese es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos.

SEMANA: ¿Entonces dónde está la impunidad? ¿En las Fuerzas Armadas?

E.S.: Tampoco. En casos como los falsos positivos se está avanzando, hay multitud de militares detenidos, por supuesto más tropa que altos oficiales pero no hay absoluta impunidad. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro.

SEMANA: Explíquese.

E.S.: ¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional.

SEMANA: ¿Es decir que las FARC quieren que ministros y presidentes se sienten en el banquillo?

E.S.: Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político.

SEMANA: ¿Quién establece quiénes son estos máximos responsables?

E.S.: Lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que haya solo una sentencia, una, sobre financiación del paramilitarismo? En un país donde ganaderos, gremios y empresarios han instigado, organizado, financiado el paramilitarismo para cometer crímenes de lesa humanidad.

SEMANA: ¿La Fiscalía no ha hecho su parte?

E.S.: La Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso. Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo unidireccional?

SEMANA: Bueno, pero ha habido todo un proceso de Justicia y Paz…

E.S.: Del que apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y esas sentencias afectan exclusivamente a combatientes. Eso es un engaño.”

via Exclusivo: habla el abogado de las FARC – Semana.com.