““Hay trampas donde hay monte. Porque el monte está lleno de intereses”, explica Juan Torrado, presidente de Asciga (Asociación de Ciclistas Galegos). “Allí coincidimos propietarios de terrenos, ganaderos, cazadores, pirómanos que no quieren ser descubiertos… Y los últimos en llegar fuimos los deportistas. Algunos creen que les espantamos las presas, otros se quejan porque hay algún ciclista que, sin permiso, abre pistas nuevas”. Cada vez que los ciclistas localizan un obstáculo, alertan a la Guardia Civil, pero si no hay víctimas la experiencia les dice que “al final no se buscan culpabilidades”, añade Torrado.

Fuentes de la Guardia Civil reconocen su existencia y su peligrosidad, pero comentan que no todas se ponen para los ciclistas. Por ejemplo, hay con pinchos colocadas por cazadores furtivos para que los motoristas del Seprona o los agentes forestales no puedan perseguirlos.

Galicia es la zona donde más problemas ha habido con presuntas trampas para ciclistas —y también para motoristas aficionados, aunque estos últimos tienen legalmente vetado el acceso a muchos más espacios naturales—. Y en esa autonomía se ha producido otro de los accidentes más graves. Fue el de Diego González, un vigués que en 2014, con 37 años, saltó por los aires al chocar con una enorme piedra colocada en medio de una bajada para ciclistas, escondida tras un salto en el terreno. Sufrió una lesión medular que le ha dejado sin sensibilidad desde el cuello, en todo su cuerpo. Por este caso están imputados cuatro miembros de la Comunidad de Montes de Valadares, una zona forestal en el término municipal de Vigo. Pero el juicio todavía no tiene fecha y la víctima no ha cobrado ningún tipo de indemnización.

El mes pasado, dos décadas después de sus duelos sobre dos ruedas en el Tour y el Giro, Induráin y Chiappucci se encontraron en una prueba deportiva en Galicia y firmaron dos maillots: uno para Diego y otro para sortear entre admiradores y conseguir algo de dinero para el ciclista herido.

En busca de convivencia

Tras el accidente de Diego, se convocaron reuniones entre los dispares colectivos que comparten el monte y representantes de la Xunta de Galicia. El objetivo, de momento no alcanzado, era elaborar una especie de código de buenas prácticas. “No hay colectivos culpables, hay gente que comete barbaridades, pero los hay entre los cazadores y los ganaderos y también entre los ciclistas”, asegura Tarodo. “De lo que se trata es de perseguir al que actúe mal y de ponernos de acuerdo para compartir el espacio natural”, añade.

Desde la Real Federación de Caza rechazan cualquier práctica que pueda poner en peligro a alguien, sin embargo, reclaman que se ponga orden y se señalice claramente para distinguir los caminos de uso público —aunque atraviesen fincas particulares— de los espacios privados en los que se han abierto rutas a las bravas. Esa necesidad la admite Juan José Trueba, presidente de La Federación Cántabra de Ciclismo. Esta ha pedido a los deportistas que les envíen fotografías de los puntos conflictivos. “Nos han llegado cuatro o cinco y son todas de pastores eléctricos”. dice Trueba.

En la zona donde se mató Jesús Ángel Santos hay más de un punto donde suelen poner esos cables. En una ruta claramente señalada e incluida en el catálogo de caminos naturales del Ministerio de Medio Ambiente, la solución sería sustituirlos por pasos canadienses (suelos de barras metálicas por los que los animales no se atreven a pasar) o puertas metálicas de fácil apertura para el paseante. Son más caras, pero infinitamente menos peligrosas.”

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