Siempre hubo, hay y habrá migraciones.

Si (como estado) las ilegalizas, tendrás inmigración ilegal; si generas vías (amplias y suficientes) de migración legal, tendrás migración legal.

Si las ilegalizas, esas personas que entran estarán en condiciones de precariedad, sobreviviendo de economías informales, en detrimento de la hacienda pública. Además, fuerzas a las personas migrantes a recurrir a vías riesgosas (como las pateras del mediterraneo o los coyotes en norte-américa) de viaje.

Si tienes causes adecuados, tendrás mayor recaudación y una ‘capa’ de trabajadores que, al tomar ciertos tipos de labores, hará que la población trabajadora local pueda ascender laboralmente a puestos que les son más interesantes.

Tampoco es cierto que la población inmigrada sobre-cargue gravemente el sistema de prestaciones sociales. Diversos estudios europeos en salúd pública han mostrado que la población inmigrada acude menos a los servicios médicos que los locales. En España (datos de La Caixa, 2011), con alrededor de un 11% de población inmigrada, los usuarios inmigrados de servicios sociales constituyen cerca de un 13% del total de usuarios, pero esa misma población es destinataria de sólo cerca del 7% de las intervenciones/acciones del sistema de seguridad social. El dato se agrava cuando recordamos que las poblaciones inmigradas suelen tener entre ellas un porcentaje de personas en condiciones de precariedad social mucho mayor que las poblaciones autóctonas.

El mismo estudio de La Caixa afirma que, según datos de la Oficina Económica de la presidencia del Gobierno, el 50% del crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 se debió al asentamiento de inmigrantes.

La etiqueta ‘ilegal’, frente a la migración, es inventada y sólo genera problemas; se puede desinventar. Todo esto seguirá sucediendo mientras el sujeto del desarrollo sea la economía y no la persona.