“Todo sucedió en pocas semanas porque la presión popular no permitió que se le diera largas al asunto. Pero si este episodio hubiera tenido como escenario a Colombia, otro hubiera sido el desarrollo: Otto Pérez Molina estaría aún en la casa de Gobierno, no debilitado sino fortalecido; blandiría los resultados de unas encuestas cuyos porcentajes lo favorecerían ampliamente y su círculo de eminentes abogados y amigos estaría desplegando una estrategia para defenderlo del “montaje” de unos investigadores borrachos y de unos jueces politizados. Este país, que se precia de ser “la democracia más antigua del continente”, ha puesto el grito en el cielo, se escandaliza, califica de “inoportuno” y habla de “persecución” al expresidente Uribe porque los investigadores que recibieron una declaración judicial de alias don Berna en que este incrimina al exmandatario en la masacre de El Aro de 1997, cumplieron lo que la ley ordena: enviarle esa declaración al juez que puede examinar la conducta del senador Uribe, es decir, la Corte Suprema.

¿Por qué ahora?, se preguntan unos y otros, asombrados de que se roce la inmunidad al parecer absoluta del expresidente, a las puertas de firmar la paz en La Habana. Y responden que la guerrilla lo exigió. Hasta el irresponsable procurador aseguró que era una “exigencia de las Farc”. El político Ordóñez domina al hombre de leyes que pretende ser: ni siquiera se tomó el trabajo de examinar los hechos. La declaración de don Bernatuvo lugar en su sitio de reclusión, en Estados Unidos, y sucedió entre el 10, 11 y 12 de agosto de este año, hace menos de dos meses, apenas el tiempo “oportuno” para que los fiscales compulsaran copias a la Suprema, ¿o alguien pretende que delincan por ocultamiento?

Lo dicho por don Berna no es novedoso. Coincide con los contenidos de otros procesos: 1.- El 12 de noviembre de 2008, el exparamilitar Francisco Villalba, condenado a 30 años de prisión por esa masacre, declaró ante la Comisión de Acusación que el gobernador Uribe habría tenido participación, por acción y omisión, en esos hechos. Han pasado casi siete años y no se ha movido una hoja sobre el tema. Villalba fue asesinado cinco meses después. 2.- El 7 de septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín remitió copia de versiones en el mismo sentido, contra el gobernador, a la Comisión de Acusación. Allí no ha habido actuación alguna. 3.- El 3 de febrero de este año, la Sala de Justicia Transicional del Tribunal de Medellín, en su sentencia de condena al paramilitar ‘Cuco’ Vanoy, mandó copia de esta a la Suprema porque también figura el nombre de Uribe.

En vez de sorprenderse, la pregunta que uno podría hacerse es al contrario: ¿por qué la Comisión de Acusación de la Cámara o la Corte Suprema no han abordado el caso ni lo han resuelto, bien a favor, bien en contra de Álvaro Uribe? ¿No le convendría a él que estas delicadas denuncias quedaran resueltas definitivamente, en lugar de que él culpe a Iván Velásquez, a los magistrados del Tribunal de Medellín, a don Berna, al asesinado Villalba de quien se dijo que hacía parte de un imposible complot organizado por Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Daniel Coronell? Los fantasmas reaparecen si uno no los encara ¿Dónde está el Uribe frentero?

 

Entre paréntesis. Y a propósito, ¿por qué a Uribe no se le puede investigar y a Samper sí?”

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