“En las últimas semanas han sucedido muchas cosas en el país, que no son fáciles de explicar: el clan Úsuga paralizó decenas de municipios; en dos eventos con Procurador a bordo se puso en evidencia el movimiento anti-restitución que se está cocinando en algunas zonas; el pesimismo es más profundo que nunca, según la última encuesta. En este ambiente tan difícil de interpretar, La Silla Vacía en conjunto con La Silla Líder (que publicó un perfil de este “investigador visionario”) entrevistó a uno de los investigadores que más a fondo se ha metido a estudiar los problemas estructurales de este país, el economista Luis Jorge Garay. Su pesimismo es evidente.

La Silla Vacía:Usted que ha estudiado los problemas más estructurales del país, ¿es tan pesimista como los demás colombianos, según lo reflejado por las encuestas?

Luis Jorge Garay: Los acuerdos de La Habana básicamente son un acuerdo de élites. Las élites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas élites puedan funcionar coordinadamente.

Por ejemplo, justicia es un acuerdo de élites que va a implicar un perdón y olvido y que no va a transformar a la sociedad.

El acuerdo tiene otros aspectos, como el agrario.

Garay: Muchas de las medidas de lo agrario son para la modernización del mercado de tierras. Una sociedad moderna requiere un mercado de tierras y para eso hay que aclarar derechos de propiedad, catastrales, ojalá avanzar en la restitución, etcétera. Pero si se mira con el de justicia, ahí no hay ningún compromiso de las Farc de sustituir nada, va a depender de la aplicación de la Ley 1448 (Ley de víctimas).

No son acuerdos revolucionarios de ninguna manera.

¿Deberían serlo?

Garay: Tampoco las Farc deben representar la transformación del país. Las transformaciones en Colombia las debe hacer la sociedad y no los actores armados pero no se aprovechó la coyuntura para hacer cambios de fondo.

Creo que el escepticismo está en que algunos dicen que se le entregó a las Farc políticas esenciales del Estado, no comparto esta idea.

En lo que sí soy escéptico es que en Colombia tenemos 5.000 hombres armados en las regiones, más unos 2.000 de las Farc que no entran al acuerdo, que siguen con extorsión y narcotráfico.

Hay zonas en las que hay un predominio de las bandas criminales, parte de la conflictividad sigue en los territorios del país. Ese es un problema para avanzar en la restitución de tierras.

¿Qué es lo que está pasando con la restitución de tierras?

Garay: Algo muy interesante pasa con algunas élites regionales en Colombia que están intentando reformar la Ley 1448 para quitar la figura de buena fe exenta de culpa y así quitarle mucha fuerza, pues en los casos paradigmáticos, donde hubo despojo pero que no se puede probar la buena fe común y corriente, no se va a poder actuar.

Siguen en los territorios, en los mismos conflictos modernizados y renovados, sin una transformación de las élites de poder y donde los mercados ilegales son muy provechosos.

Sobre el acuerdo de justicia que va a implicar un perdón y un olvido ¿no cree que el compromiso de contar la verdad se cumpla?

Garay:Soy escéptico. Todo lo que se avanzó en el tema de análisis de crímenes de sistema a través de la priorización, identificación de los máximos responsables y demás, ya no existe.

Se cambia el concepto de crimen de sistema por un crimen caso por caso, donde la cadena de mando se rompe, pues a los jefes y comandantes les tienen que demostrar que ellos lo ordenaron.

Despojarles de esa responsabilidad política de una estructura ilegal organizada hace que solo los causantes directos sean implicados. Si esto se aplica a las Fuerzas Armadas, los grandes comandantes quedan eximidos.

¿También en los casos de los falsos positivos?

Garay:Los falsos positivos que fueron ordenados por altos mandos quedarían eximidos, quedarían los mandos medios o bajos como los únicos responsables.

Este acuerdo se hace para los jefes de las Farc y también aplica para los jefes de los militares, y si se aplica para civiles no hay concierto para delinquir agravado.

Hay un grado para develar la verdad histórica y social muy débil, porque la instancia judicial no está motivando a que se conozca esa verdad plena.

Usted dice que no se abordaron en el proceso de paz los problemas estructurales, ¿qué debería haber estado en la agenda desde su punto de vista?

Garay:Si bien en lo rural hay algunos temas como el Fondo de tierras y el avance en la extinción de dominio, el desarrollo enunciativo es muy leve, muy de buenas intenciones. Debería haber más énfasis en los mecanismos y procedimientos para la desconcentración de la tierra y el compromiso del Estado para avanzar a una redistribución de tierras mucho más equitativa, porque muchas de las tierras van a quedar en manos del Estado, en baldíos, y no necesariamente en la cantidad extinguida.

Deme un ejemplo

Garay:Por ejemplo, si se mira la Ley de Zidres, se imponen restricciones a muchos territorios para poder distribuir y restituir tierras en ciertas regiones. Ahí existe una incompatibilidad.

¿No pueden coexistir empresarios y campesinos?

Garay:Sí, claro. No es porque no todos quepamos en el campo, pero no hay una claridad fundamental de que no se va a interponer a procesos redistributivos potenciales en tierras aptas para la producción campesina y la producción media. Ahí es donde quedaron vacíos muy grandes en propósitos que en principio todo el mundo debería estar de acuerdo.

Usted fue la primera persona que habló de la captura del Estado por parte de la criminalidad, hace diez o quince años en el estudio La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia ¿cómo ve la evolución del fenómeno de la captura del Estado a nivel local y regional?

Garay:Ha cambiado el proceso. En el nivel de captura de reconfiguración cooptada al que se llegó entre el 2006 y el 2008 ya no estamos. La reconfiguración que llegó de lo regional a lo nacional no se está dando hoy. Si bien unos 30 miembros del Congreso todavía tienen vínculo con el narco paramilitarismo, la cooptación en la captura a nivel central ya ha disminuido fuertemente, en las Cortes y en muchos campos.

Sin embargo, a nivel regional se ha reconfigurado.

¿De qué manera?

Garay:Algunas élites regionales que han tenido vínculos con la ilegalidad se han reconfigurado, pero mantienen acceso y vínculos al poder ilegal, no con las mismas relaciones políticas de antes. Son relaciones de poder que tienen que ver con el manejo de negocios, de actividades, pero no en la compartición de poder político en la administración pública. Eso ha cambiado.

¿Por qué cambió?

Garay:Entre otras causas, porque al desvertebrarse el narco paramilitarismo y recomponerse con las Bacrim, están en una escala muy criminal con vinculaciones políticas necesarias para tener la actividad regional, pero no hay indicios de que haya una vinculación política tan importante como anteriormente. Esto implica un cambio importante, sobre todo en la estrategia para poderlos atacar.

La incursión de las nuevas Farc que no se van a desmovilizar va a ser muy compleja, pues estos miembros ya tienen relaciones políticas establecidas. La pregunta es si una vez hay proceso de desmovilización y ellos no se desmovilizan, si siguen actuando o no, o pueden tener acceso a esas redes sociales.

¿Pero aún si se convierten en banda criminal, no será más fácil combatirlos después del acuerdo de paz?

Garay:Muchos dirán que en la medida en que esos territorios se van desmovilizando y hay presencia del Estado, se va a poder desvertebrar de manera más rápida esos grupos, pero la experiencia de Buenaventura muestra que algunos reductos de las Farc tienen acuerdos con el Clan Úsuga y con la Empresa, y ya están aprovechando la desmovilización de esa guerrilla en el territorio para ir alimentando las redes sociales. Ya están teniendo presencia con líderes sociales, estableciendo nuevas relaciones donde domina el miedo, con el agravante de que esa manera de establecer nuevas relaciones tiene de intermediarios a otros clanes criminales.

¿Cree que la estrategia de bombardear a las Bacrim es la forma más adecuada?

Garay:Es un tema muy complejo porque militarizar la lucha contra el crimen organizado, en términos internacionales, ha sido un fracaso. La experiencia más reciente es la de México: cuando se militarizó, se exacerbó, se aumentó la captura en las mismas Fuerzas Militares y no necesariamente llevó a un desmonte de la estructura de las redes criminales más importantes, por la resiliencia que tienen estas redes.

¿El clan Úsuga es resiliente?

Garay:Nosotros no sabemos todavía qué tan resiliente es una red como la de los Úsuga. Tienen 3.000 hombres, da la impresión que tienen una estructura muy vertical, depende mucho de ciertos capos, no se sabe si es una organización muy avanzada o muy primaria.

¿Cuál sería la mejor forma de combatirlas?

Garay:Hay que hacer un combate en el que la Fiscalía tiene que hacer operativos integrales, donde si es necesario bombardear se bombardea. Por ejemplo, en el caso de la minería criminal, avanzada por el Clan Úsuga al sur de Bolívar, si llega un operativo integral de la Fiscalía, Policía y el Ejército, y si hay un ataque masivo en defensa de la minería criminal, si no hay un ataque masivo militar no hay nada que hacer.

Pero el tema central es que si se hace un ataque militar puede que mate a dos, cinco o diez, pero si no logra entrar a las redes que están apoyando la minería criminal, que no son criminales, no se logra desvertebrar este proceso. Solo el bombardeo no es suficiente. Una de las diferencias que tiene con las Farc o con el ELN es que el clan Úsuga no tiene sitios fijos. Y en casos como este es necesaria una aproximación integral.

¿Cómo se ve esa banda criminal?

Garay:En el nivel en que están hoy evidentemente el Clan Úsuga es el más avanzado. Ya se está configurando en grupos masivos, con más unidades para actuar en el territorio. Controlan las rutas del tráfico ilegal, no solo estupefacientes, sino minería y otros bienes, además está la extorsión.

También se dice que es una lucha anti restitución de tierras, lo que implicaría que hay alguien que patrocina acciones muy puntuales de los grupos criminales.

El nivel tan primario que tienen todavía es porque ellos también le hacen trabajos al mejor postor, cosas que las Farc no hacen. Ellos se alimentan de grupos criminales que contratan, no es una estructura fija.

Hay que aprovechar esto para intentar desarticularlas. La organización central, que es donde están los capos, hay que desbaratarla rápido. Hay criminalidad porque hay muchas oportunidades de negocios y porque no está el Estado en todas partes.

Si no abordamos este tema seriamente vamos a tener la reproducción de este fenómeno.

¿Cuál es el papel de la minería ilegal en este contexto?

Garay:El oro es el mejor bien para la ilegalidad, se comercia perfectamente, no necesita lavado de dinero y las ganancias vienen directamente, es de una rentabilidad muy alta. Obviamente la minería criminal e ilegal está muy centrada en el oro.

El otro tema es el coltán. Oficialmente no se ha concesionado para explotación legal pero en Colombia hay coltán y la minería ilegal se está especializando en este mineral. La demanda, especialmente en China, es muy alta, así que por ejemplo, las Farc se especializaron en coltán en alianza con el cartel de Sinaloa. El coltán es el nuevo oro. En eso está el país, aunque sobre todo tenemos una riqueza en oro, lastimosamente en las zonas más vulnerables.

¿Cómo cambiará esto con un Acuerdo con las Farc?

Garay:El postconflicto, en cuanto a drogas ilícitas, veremos en qué medida las Farc colaboran, pero en términos de minería el tema es cómo pueden colaborar. La gran oportunidad es el compromiso de la cúpula de las Farc para lograr desmontar las redes de tráfico, no solo de estupefacientes, sino también de minería. La minería ilegal y criminal es el problema más grave medioambiental y social en Colombia.

¿La guerra contra la minería ilegal está bien planteada?

Garay:Se ha ido estructurando la política muy difícilmente, porque no había una conciencia interinstitucional de la gravedad del tema. Una de las entidades que empezó a ver el tema más claramente aparte de la Policía fue la Fiscalía.

Se fue creando conciencia al punto que en el Ministerio de Defensa ya hay un grupo que se va a hacer institucional en la lucha contra la minería criminal. Esta es una lucha que tiene que ser no solo militar sino integral para el desmonte de las redes que están alrededor de la minería. Hay que dar un paso más allá en esa integralidad de la política, aún falta trabajar por eso. Sin embargo, es evidente que ya le están dando la importancia que merece, de hecho, el Ejército tiene a la minería como uno de los problemas más graves en el postconflicto, las Farc ahí tendrían que ayudar, pero todavía no hay nada escrito.

En términos económicos, ¿cree que va a ser estructural en la historia económica del país la firma del acuerdo de paz con las Farc?

Garay:No creo que sea estructural. En términos económicos el costo se ha reducido en buena parte con el cese bilateral y unilateral, es decir, el impacto marginal sobre el aumento del crecimiento económico va a ser mucho más reducido. En ciertas regiones puede que haya inversión pero en términos nacionales no van a ser tan importantes.

Pero el gobierno habla del dividendo de la paz

Garay:Una parte de los dividendos de paz que sí son importantes, son los medioambientales, que consisten en desmontar la minería criminal que ellos hacen, la siembra de coca y la contaminación de ríos. Va a haber un ingreso de dividendos de paz muy importante que no es visible, que es el del costo oportunidad, no es dinero, pero es menos costo de oportunidad que si estuvieran las Farc.

Otro de los dividendos de paz es la reducción del costo de defensa y seguridad, ese nos podrá dar dos puntos del PIB. Pero en esta situación de bandas criminales, de desestabilidad de territorios, reducir el costo de seguridad es muy difícil. Esa fuente, que en muchos países ha sido un dividendo de paz importante, aquí, por ahora, no la hay.

Aún con estas limitaciones, ¿cree que vale la pena firmar el acuerdo?

Garay:Por supuesto que sí. Vale la pena hacerlo, pero esto no cambia la estructura social ni de poder. Es una fuente de inestabilidad que se reduce.

En términos de democratización, tendrá que haber reformas constitucionales en Colombia. Por ahora no se van a hacer, pero habrá que hacerlas. Con estas reformas, los grupos sociales democráticos amplios pueden tener mayor movilización en el postconflicto sin que se les estigmatice, ni se militarice la protesta social, y si aumenta la movilización social, podríamos tener esperanzas de que haya cambios a favor del Estado Social de Derecho. Pero ¿qué pasa con la represión de los grupos negros y los grupos que no sabemos dónde están en la desmovilización de las Farc? Ése es un interrogante grave.

Explíqueme mejor

Garay:En Colombia hubo 28 asesinatos este año de líderes campesinos, aquí siempre ha pasado que algunas fuerzas oscuras ejercen la violencia para reprimir la movilización social. Los meses siguientes a la firma son vitales, si se logra que no se militarice la movilización social, que no haya asesinatos, habría buenas expectativas de una reforma constitucional con avance al Estado Social de Derecho. Pero si entramos en una ola de violencia selectiva, con represión fuerte de la protesta social, quedamos con el interrogante de si el postconflicto va a servir para un aumento de la democratización o no.

¿Cómo se imagina a Colombia en 5 años, después de la firma de los acuerdos de paz si nos va mal?

Garay:Si nos va mal, me imagino un 30 por ciento que no se desmoviliza, causando que se fortalezca la criminalidad organizada, en asocio con ciertos grupos de poder en algunos territorios del país. Que se incrementen violencias y conflictividades sociales, que eso lleve a que no se de la movilidad social y la no democratización del país. Esto sería grave, pues no podríamos cosechar los dividendos que dejaría la paz.

¿Si nos va bien?

Garay:Si nos va bien, se lograría una desmovilización ordenada, con una participación ordenada y efectiva de las cúpulas de las Farc para ayudar al desmonte de la ilegalidad en las regiones, que sirva para combatir al crimen organizado y para avanzar en la democratización en las regiones con participación política de las Farc. Que lleve a un clima de mayor democratización y una amplísima movilización social, para promover cambios en una reforma constitucional.”

Source: “Los acuerdos de La Habana básicamente son un acuerdo de élites”: Luis Jorge Garay | La Silla Vacía