“El presidente Juan Manuel Santos cerró ayer el buzón para recibir propuestas por parte de los representantes del No. Hoy los negociadores de Gobierno partirán a La Habana para llevar las observaciones y que sean discutidas en la mesa de diálogos con las Farc.

El uribismo, por su parte, ha rechazado lo que considera una actitud desafiante del presidente Santos y denuncia que lo que se quiere es desconocer el resultado del plebiscito del 2 de octubre, así como se ha reafirmado reafirman en sus propuestas de modificar sustancialmente el acuerdo final, firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena.

Aunque la decisión del plebiscito obliga a construir un nuevo acuerdo, esto no significa que se tengan que partir de cero en la negociación y tumbar los pilares que sostienen el acuerdo que se edificó durante más de seis años de negociación. De hecho, Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo guerrillero, ha dicho en recientes entrevistas que los representantes del No han propuesto elemento que atentan contra esas bases. ¿Cuáles son los puntos que sin inmodificables por parte de las Farc y el Gobierno?(Lea: “Estamos preparados para la batalla política”: Centro Democrático)

Propiedad privada

Enrique Santiago recomendó que lo mejor en este punto era despejar las dudas y ser más precisos en la redacción para evitar ambigüedades. ya que este ha sido uno de los puntos más criticado por los opositores. Pero así como las Farc consideran que es posible hacer precisiones en esta materia, también han manifestado que existe un inamovible: el concepto de propiedad privada entendida como un derecho para todos los colombianos, no solo para los grandes terratenientes.

Es decir, que se garantice el derecho a la tierra de quienes la consiguieron legítimamente para hacer inversiones, así como también para aquellos que sufrieron el despojado de sus parcelas en desarrollo del conflicto armado. (Lea: El proyecto sobre legalización de tierras que enfrentará a Gobierno y Centro Democrático)

Según Santiago, el uribismo pretende eliminar el análisis de contexto como prueba el despojo, que no solo ataca el acuerdo sino la Ley de Restitución de Tierras

El punto genera debate, sobre todo, desde el Centro Democrático se radicó un proyecto de ley que pretende ordenar “la titulación de la tierra adquirida de buena fe, estimula la formalización y protección de derechos adquiridos”. Desde el Gobierno se denunció que la verdadera intención de esta es la de acabar con miles de procesos adelantados por el antiguo Incoder para recuperar terrenos ocupados de forma ilegal.

Justicia Transicional

Una de las críticas de la oposición al acuerdo de paz es la implementación del sistema de Jurisdicción Especial para la Paz. Especialmente en lo que tiene que ver con que el tratamiento especial para los excombatientes, ya que según el uribismo, estos deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.

La implementación de este sistema ha sido llamada por la oposición como una “feria de impunidades” y exigen que los responsables de graves delitos o de crímenes de lesa humanidad paguen ´sus sanciones en cárceles ordinarias. En este punto, el presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático al señalar que tal pretensión desconocería que en Colombia existe un conflicto armado y la utilización del Derecho Internacional, especialmente la justicia transicional.

Por su parte, Santiago puntualizó que la justicia transicional hace parte de todos los procesos de paz del mundo, en los que los Gobierno deben ceder ante las pretensiones de la otra parte del conflicto, ya que esta herramienta sirve “transitoriamente” para que una sociedad pase de un conflicto armado, a un escenario de posconflicto.

Participación política

Enrique Santiago también sostuvo que no se trata de garantizar la elegibilidad de los máximos comandantes de las Farc y que ese es un punto que puede ser reconsiderado. Lo que no se puede reemplantear es el postulado de la negociación política, según la cual se van a cambiar las balas por los votos.   Es decir, las Farc no va a renunciar a su aspiración de convertirse en un partido político.

Bien sea con otros candidatos o con miembros excombatientes de la misma guerrilla, el partido político de las Farc tendrá que ser una realidad y deberá contar con las condiciones de garantía y seguridad para tener la oportunidad de participar de la lucha democrática por el poder, tal como ha pasado con los grupos guerrilleros de los años noventa, como el M-19, el EPL o el PRT.

En este asunto, el Centro Democrático ha presentado sus reservas frente a las curules directas que contempla el acuerdo final, que son cinco en Cámara y cinco en Senado durante dos períodos constitucionales, e incluso ha criticado las Circunscripciones Transitorias Especiales que crea el acuerdo para que las comunidades más golpeadas por el conflicto armado tengan representación en la Cámara baja del Congreso de la República.

Conexidad

Explica Santiago que no existe en el derecho internacional una consideración sobre el narcotráfico como un delito de lesa humanidad. Partiendo de este, dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen sentencias que determinan que se le podría aplicar la conexidad al delito político, solo en aquellas conductas en las que se demuestre que su ejercicio y los recursos conseguidos a través de este fueron destinados para la financiación de la guerra y no para el beneficio individual. En decir, si los dineros conseguidos con esta actividad ilegal entraron a la estructura financiera de las Farc, podría ser considerado como un delito conexo al delito político.

Negociación y tiempo

Las Farc también han dejado claro que la negociación es entre el Estado y la insurgencia. Por lo que no es posible negociar con partidos políticos ni fracciones de otras tendencias y han descartado la posibilidad de una mesa tripartita, lo que no significa que no se puedan crear espacios de comunicación con representantes del No para escuchar sus propuestas pero siempre teniendo en cuenta que la mesa de diálogos es entre dos partes enfrentadas en el conflicto armado: el Estado y la guerrilla.

Otro factor inamovible es el tiempo. Desde varios sectores que apoyaron el Sí y la movilización ciudadana se ha acusado al uribismo de querer dilatar el proceso, con miras a las elecciones presidenciales de 2018, por eso tanto para las Farc como para el Gobierno el asunto tiene que resolverse en pocos meses y la fecha límite es 2016. Es decir, antes de finalizar el año debe estar listo el nuevo acuerdo de paz.”

Source: Puntos en los que no cederán Farc ni Gobierno | ELESPECTADOR.COM