“(11Nov2016) Para resolver el “problema agrario” en Colombia hay mucho que aprender del pasado, porque son muchas las cosas que todavía hacen parte del presente, que históricamente han sido aplazadas y que, aún hoy, siguen pendientes. Se trata de volver la mirada para hacer lo que siempre se ha dicho, nunca se ha hecho, pero sí se ha intentado: Alfonso López Pumarejo en los treinta, Carlos Lleras Restrepo en los sesenta y Juan Manuel Santos en 2016, a través de lo pactado con las FARC en un Acuerdo que está en veremos.

En el país, la tarea postergada ha sido la de censar, medir, formalizar y regular aquellas tierras que desde siempre le han pertenecido a la nación y que hoy están en manos de particulares. De ahí que resolver el “problema agrario” tenga que ver más con definir y distinguir qué es qué y a quién le pertenece qué, y no tanto con la consigna que en los años sesenta y setenta invitaba a desalambrar y a ocupar las grandes propiedades. Éste es el momento en que el Estado no sabe qué baldíos tiene ni cuáles de las tierras cercadas reúnen las exigencias legales para acreditar la propiedad o posesión de buena fe sobre ellas. Y este asunto, reclamado históricamente por grandes y pequeños agricultores, es central en cualquier decisión que se tome sobre el campo y el reordenamiento rural, pues si bien en materia de baldíos es cierto eso de que “la tierra es para quien la trabaja”, no todo trabajo vale ni cualquier forma de ocupación cuenta.

Una de las personas que más sabe de este tema en Colombia es Catherine LeGrand, una norteamericana que en julio del 75 llegó al país para estudiar las raíces agrarias de La Violencia como parte de su tesis doctoral. Motivada por un pasado familiar de colonos buscando asentamiento entre Virginia, las orillas del río Misisipi e Illinois, Dakota del Sur y la fiebre del oro en Alaska, LeGrand se interesó por la historia de las fronteras rurales, por Latinoamérica y en especial por Colombia. Después de haber pasado por El Líbano (Tolima) y de permanecer meses enteros en la Biblioteca Nacional, se encontró con un material de archivos hasta entonces inexplorado: la Correspondencia de Baldíos entre 1870 y 1930. Todo un tesoro que le mostraría algunas constantes del “problema agrario” del país y que, años más tarde, daría lugar a su libro “Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)”, un referente obligado para quien se interese en comprender la historia rural colombiana y las raíces agrarias del conflicto armado.

Aunque su estudio se ubica entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, mucho de lo analizado y descrito en él ha sido una constante en el campo colombiano. Como ella lo precisa, “la historia agraria del país ha sido una historia de colonización de baldíos –de terrenos públicos de la nación–, de su integración en la economía nacional y de la formación de propiedades privadas a partir de ellos”. En su libro encontró que en 1850 la mayoría del territorio del país era tierra pública, pero que con el desarrollo de la economía exportadora se dio un proceso de poblamiento detrás del cual llegaban empresarios para privatizar la tierra, aún por encima de los pequeños campesinos que ya la trabajaban y ocupaban.

El libro de LeGrand fue publicado por la Universidad Nacional en 1988, pero por su importancia histórica y vigencia, la Universidad de los Andes y el CINEP lo reeditaron y presentaron recientemente. ¡PACIFISTA! conversó con la autora a propósito de los temas centrales de su obra, que siguen siendo hoy los temas centrales del campo colombiano.

En su libro estudia la situación de la propiedad rural entre 1850 y 1950 y analiza problemas que aún hoy siguen vigentes. ¿A qué cree que se debe esa imposibilidad de resolverlos?

En un sentido tiene que ver con que el Estado no ha tenido clara la diferencia entre tierra baldía y propiedad privada, no ha tenido los censos agrarios, el catastro y todo lo que define eso. Tampoco ha habido la capacidad de saber lo que está pasando en las regiones ni de mediar entre los intereses y las preocupaciones de todo el mundo, y aún no la hay.

Así por ejemplo, la mayoría de los puntos que están en el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC son puntos de los que venimos hablando desde hace tiempo. A principios de los años treinta había muchos conflictos agrarios entre colonos invadiendo o recuperando tierra de las grandes haciendas, y los propietarios diciendo “no, esta es mi propiedad” y los colonos diciendo “éste ha sido terreno apropiado de la nación”. Y en ese momento, con la reforma agraria de 1936, el Gobierno tenía que decidir qué hacer con eso, y esa es más o menos la misma situación de hoy: establecer de quiénes son estas propiedades, si son terrenos de la nación, si son terrenos particulares, y eso sigue y sigue, pero el Gobierno ahora está pensando resolver esos problemas de una vez.

Actualmente el Gobierno tiene más información, es más fuerte, tiene más capacidad que hace ochenta años, entonces éste es el momento para hacerlo, para resolver esta incertidumbre que ha existido durante todo el siglo XX. Es el momento de formalizar los títulos de los colonos, de decidir exactamente cuántas hectáreas tienen las grandes propiedades y de determinar cuántas tierras baldías quedan en el país. Precisar y formalizar la situación en el campo es importante para el desarrollo económico del país, porque habrá más producción y más inversión de los grandes y de los pequeños propietarios.

¿Cómo definir que en un país hay un “problema agrario”?

Usualmente, en un momento histórico determinado, funcionarios públicos y políticos dicen “hay un problema agrario”, y en Colombia eso se ha dicho de dos maneras: cuando se ha pensado en obstáculos al desarrollo económico y cuando ha habido conflictos sociales en el campo. Así por ejemplo, si hay grandes latifundios que no están utilizados, que están guardados para fines especulativos, quienes quieren el desarrollo de la producción agrícola dicen “hay un problema agrario” y se preguntan qué hacer para estimular la producción de alimentos.

En cuanto a los conflictos sociales, a fines de los años veinte y principios de los treinta había muchos en seis regiones del país –en Sumapaz, Quindío, Huila, el norte del Valle, el Sinú y la zona bananera del Magdalena– y eso afectaba la producción en el campo. El Gobierno tuvo que preocuparse de lo que estaba pasando. Entonces había que resolver quién tenía derecho a la propiedad, por cuáles criterios, cómo se vinculaba eso con las relaciones sociales en el campo y cómo afectaba las posibilidades de producir más.

¿Cuáles han sido las constantes del “problema agrario” en Colombia, cuáles las demandas históricas del campesinado y cuáles los temas que ha pasado de agache el Estado?

La constante del problema agrario ha sido cómo impulsar la producción en el campo. Desde hace mucho tiempo hemos hablado de que hay demasiada ganadería, de que tierras buenas para la agricultura están dedicadas a la ganadería extensiva, y se necesita más producción agrícola para el consumo interior y la exportación. Los campesinos han dicho siempre que quieren acceso a la tierra, que quieren un tipo de independencia, así como entrar en el mercado doméstico e internacional –no es sólo autosuficiencia–. No quieren ser aparceros, arrendatarios, ni jornaleros, aunque esto también es un problema, porque tal vez no hay bastantes jornaleros. De alguna forma, están buscando ser finqueros medianos, no de cinco hectáreas, pero sí de treinta o cincuenta, dependiendo de dónde y de qué se está produciendo.

De otro lado, algo que históricamente afectó mucho en las regiones de frontera agraria o de colonización, fue la figura del agrimensor (persona que mide la tierra). Para tener la titulación de un baldío había que pagar a un agrimensor para medir el terreno, y los grandes sí podían pagar a estos agrimensores, que “les daban” más tierra de lo que debían. Ellos no trabajaban para el Gobierno sino para los particulares, y el colono campesino no tenía la plata para pagar a alguien que le hiciera la medición. Desde 1874 había una ley que decía que si el campesino cultivaba la tierra él tenía el derecho al título y a la propiedad, pero ellos nunca podían llegar a tener la escritura porque no podían llenar todos estos requisitos. Entonces había una brecha entre estas exigencias legales y las condiciones económicas, la pobreza y la falta de alfabetización de los campesinos.

Actualmente se dice que la mitad de los campesinos en Colombia no tienen títulos y eso los hace muy vulnerables al despojo. En el campo ha habido una incertidumbre enorme de quién tiene o no derecho sobre la tierra.

¿Quiénes se han opuesto históricamente a las reformas sobre la propiedad rural en el país?

A las reformas propuestas por Alfonso López Pumarejo, en el año 36, se opusieron el Partido Conservador, pero también muchos liberales que tenían intereses particulares, y ellos, como ahora, tenían miedo de perder sus propiedades, porque muy pocas tenían los títulos que exigía la ley. Eso abrió toda una incertidumbre y los campesinos empezaron a ocupar terrenos que sabían que no tenían títulos originarios. Hubo mucha oposición de casi todos los grandes propietarios y formaron un gremio transitorio que se llamaba A.P.E.N.

En los años sesenta y setenta, entre los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana, fue igual: los grandes propietarios dijeron no, con el Pacto de Chicoral en el 72, a pesar de que en ese entonces la idea de reforma agraria era promovida por los Estados Unidos en todos los países de la región, como una forma de dejar sin bases sociales al comunismo y de impulsar el desarrollo. Hoy se oponen otra vez los grandes propietarios, la mayoría de los gremios y los agroindustriales. Hay algunos sectores nuevos como los palmicultores y otros viejos como FEDEGAN.

Sería muy interesante mirar lo que pasó en el 36, lo que pasó en los años sesenta y setenta y lo que está pasando ahora, porque son todas dimensiones del mismo problema y del mismo conflicto agrario: el problema del desarrollo en el campo, el problema de los baldíos y el problema de quién tiene derecho a la tierra y para cuáles usos.

¿Qué tan colombiano y exclusivo de Colombia es el problema agrario?

Hay problemas agrarios en todos los países, pero toman formas distintas en cada caso. A mí me interesan los problemas generados a partir de la distinción entre los baldíos y la propiedad privada en Colombia y en otros países de América Latina. La historia agraria de Brasil, por ejemplo, es una historia de la expansión de fronteras desde la costa hacia el interior, y ha habido mucho conflicto por la tierra. Asimismo, el fenómeno de los pequeños campesinos que no tienen títulos escritos sobre sus mejoras –colonos en Colombia, posseiros en Brasil y precaristas en Centroamérica– está presente en varios casos. En general, en Colombia, Brasil y Centroamérica (entre los años 1950–1970), vemos la misma tendencia de expansión de grandes propiedades en terrenos baldíos con muchos conflictos sociales.

En otros países, en la época que yo estudio (fines del siglo XIX y primera mitad del XX), también ha habido conflictos agrarios: en México, en Perú, en Ecuador. Históricamente, y con los incentivos de la economía de exportación, en estos países ha habido una expansión de las grandes propiedades tomando tierra de las comunidades indígenas. Entonces la tendencia a la concentración de la tierra en manos de unos empresarios con recursos y con poder político es parecida en varios países, pero varía según sea contra las comunidades indígenas o si es apropiando o usurpando baldíos.

¿Cree que el Acuerdo sobre tierras suscrito entre el Gobierno y las FARC podría resolver en algo el problema agrario del país?

Sí. Yo creo que es un paso, porque se enfoca en los problemas de los pequeños campesinos y dice que ellos pueden ser actores económicos, sociales y políticos. El Gobierno los tiene que mirar y si les dan títulos claros a sus predios ellos podrían acceder a créditos, quedarse en sus tierras y no ser despojados. No es una gran reforma agraria como se pensaba en los años sesenta, de subdividir los grandes latifundios ni nada de eso. El Acuerdo actual es algo progresivo, poco a poco, pero a los campesinos se les va a reconocer sus predios, sus mejoras, con título escrito, y así podrán producir con créditos, con infraestructura y con ayuda del gobierno.

Igualmente se va a reconocer las zonas de reserva campesina, que ya existen en la ley y que son una manera en que comunidades de campesinos mestizos se pueden juntar, ayudarse entre sí y tomar unas decisiones sobre lo que quieren hacer. Todo esto es un paso, pero no es muy radical, no es un cambio enorme en la estructura agraria de Colombia, pero es importante porque reconoce que el campesino contribuye al desarrollo económico y sí tiene derechos.

De implementarse tal y como se suscribió, ¿ese Acuerdo amenazaría la propiedad privada?

No, yo no creo, pero eso se está diciendo bastante. Este miedo surge porque se habla un poco de la recuperación de baldíos indebidamente integrados en grandes propiedades, y si bien es cierto que eso ha pasado históricamente, la gente que realmente sabe dice que eso no se va a hacer mucho. Entonces va a haber unos cambios reformistas pero no creo que el Gobierno se vaya a enfrentar con los grandes propietarios.

El Acuerdo y la propiedad privada no son excluyentes. El Acuerdo se refiere a la formalización de las propiedades y a la clarificación de los títulos y linderos de las grandes, medianas y pequeñas propiedades, así como al hecho de que el gobierno le va a dar facilidades a todo el mundo para el acceso al mercado, a créditos y a poder vivir en el campo con escuelas, hospitales y servicios públicos.

Y si no la amenaza, ¿entonces por qué la oposición de algunos sectores?

Es más que todo por el problema de baldíos. Algunos sectores del NO en el plebiscito están diciendo “queremos que esta idea de recuperar baldíos indebidamente integrados a los grandes latifundios sea dejada de lado”. Afirman que tienen sus propiedades “de buena fe” y quieren la legalización de ese status quo. Sin embargo, no debe desconocerse que si un baldío ha sido indebidamente integrado a una finca particular, nunca ha dejado de ser un bien público de la nación. Distinto sería si se han cumplido todos los requisitos legales para su explotación y ocupación.

Ahora no se está hablando de reforma agraria como en los años sesenta; yo creo que el miedo viene de allí. Al principio, las FARC decían queremos reforma agraria y hablaban de tomar los grandes latifundios que no están bien utilizados y subdividirlos entre los campesinos. Pero eso no se va a hacer: las FARC se han moderado y han aceptado que no se va a hacer una subdivisión ni una redistribución de grandes latifundios.

¿Cree que Colombia necesita una reforma agraria? ¿Cómo entender una reforma hoy?  

Sí, hablando en los términos de la reforma agraria propuesta en el Acuerdo. Yo creo que el significado de qué es reforma agraria ha cambiado desde los años sesenta hasta ahora. Políticamente no se va a eliminar a los grandes y los grandes también son muy importantes para el crecimiento económico. Ya no se trata solamente de latifundios subutilizados, porque la agroindustria ha cambiado el campo. Los agroindustriales son modernos y están produciendo mucho, pero en el campo debe haber lugar también para finqueros pequeños y medianos.

Para mí es muy interesante esta idea de un ordenamiento territorial que deje lugar dependiendo del sitio, de las posibilidades de agricultura y de ganadería. Hay que pensar cómo regular el campo para que todos tengan cabida. Yo estoy de acuerdo que para Colombia “reforma agraria” ahora puede ser clarificar, regular y formalizar qué es baldío, qué es propiedad privada y qué ha sido apropiado indebidamente durante todo este tiempo, y creo que eso es un gran paso. Para eso se necesita catastro agrario y se necesita un buen censo agrario, que tal vez tenemos desde 2014, pero el Gobierno todavía no ha hecho público todos los detalles de esto.”

Source: “En Colombia ha habido una incertidumbre enorme de quién tiene o no derecho sobre la tierra”: Catherine LeGrand | Pacifista