“El martes 14 de febrero Humberto Torres y su familia afrontaron una muy difícil situación. Un juez acompañado por funcionarios de la oficina de Restitución de tierras, la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar y agentes del ESMAD llegaron hasta el lugar en el que hoy habitan para hacer un operativo de restitución de tierras. Justo hace 17 años, el 14 de febrero de 2000, empezó la masacre de El Salado del que la familia Torres fue víctima.

El juez ordenó cortar con motosierra los palos para que entraran los carros y el ESMAD enfrentó con golpes y gases a los integrantes de la comunidad que se oponían al desalojo. Estando en la finca, Restitución de Tierras dijo que no había albergue temporal para la familia Torres, por esta razón el juez suspendió la diligencia y les dio un nuevo plazo: un mes más. Un mes para salir sin un rumbo claro porque el proyecto al que tienen derecho como segundos ocupantes, todavía se demora por lo menos siete meses más.

Humberto y Hugo Torres son dos hermanos que han tenido que volver a empezar por la masacre de los paramilitares. El bloque Montes de María comandado por Mancuso llegó a El Salado un martes y salió el domingo dejando un saldo de ochenta y cinco víctimas y un pueblo arrasado por el dolor y la muerte. Después de dos años y sin ayuda del Estado, ochenta y ocho personas, ochenta hombres y ocho mujeres fueron a limpiar el pueblo que había quedado completamente abandonado. Demoraron tres días en esas labores, luchando con las difíciles condiciones de un lugar habitado por la maleza y los mosquitos. Regresaron a los dos meses y se volvió a terminar de limpiar.

Fueron desplazados dos veces. El primer desplazamiento fue en 1996 y el segundo en el 2000. Después de esto salieron a Cartagena, Barranquilla y regresaron para reubicarse en el 2006 en una parcela cerca de El Salado. Cuando llegó la Ley de Restitución de Tierras el señor Manuel Martínez, dueño del predio que hoy ocupan, lo presentó a Restitución y en el 2015 salió la sentencia ordenando su restitución. En el 2015 se opusieron a que los desalojaran de las tierras en las que llevan viviendo nueve años. Buscaron ayuda en la Defensoría del Pueblo y a través de ella pudieron acceder a la Ley del segundo ocupante.

Pero, ¿en qué consiste la Ley del segundo ocupante? En el proceso de Restitución de tierras se encontró que muchas de las tierras usurpadas o despojadas no estaban en manos de paramilitares, de grandes hacendados o de empresas sino de campesinos pobres que en muchas ocasiones también habían tenido que salir huyendo del conflicto. Para estos campesinos es muy difícil probar que las tierras en las que ahora habitan las han adquirido de buena fe exenta de culpa como lo exige la Ley 1448, porque a veces tenían conocimiento de la situación de violencia que se había vivido en esa región por eso ocuparon tierras abandonadas.

Pero si bien no pueden demostrar su buena fe exenta de culpa si pueden mostrar su estado de necesidad, que es una figura distinta a través de la cual se busca proteger a personas que han sufrido el desplazamiento y que por lo tanto son sujetos de especial protección constitucional. En tales casos, la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cartagena en su sentencia de diciembre 16 de 2014, ordenó que tienen derecho a una compensación.

En el caso de los hermanos Torres, a través de la Nueva agencia de tierras en diciembre de 2016 salieron beneficiarios con un proyecto productivo y noventa y tres salarios mínimos vigentes para adquirir un predio. Incoder debe reubicarlos para que no queden desamparados, sin tierra, porque por ser víctimas ellos pueden mostrar su estado de necesidad. Pero el proceso va muy lento y les han dicho que en no menos de siete meses los pueden estar reubicando en la tierra que presentaron. Ellos tienen un mes para salir.

Los hermanos Torres no se están negando a entregar el predio ni a la Restitución de Tierras, lo que están solicitando es que los reubiquen, que les cumplan con la compra del predio que presentaron porque en el que hoy ocupan tienen animales como cerdos, carneros, cría de gallinas, es decir el sustento de sus familias.

Problemáticas similares de los segundos ocupantes vienen siendo aprovechadas por terratenientes (que no pueden alegar el estado de necesidad) para que los segundos ocupantes se opongan a la Ley de Restitución de Tierras y pidan que se derogue la buena fe exenta de culpa de la Ley de Víctimas. El congresista de Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, quien ha sido investigado por parapolítica y señalado por Jesús Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’ con tener relaciones con el bloque Héroes de los Montes de María y con su comandante, el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, presentó en el Senado el 9 de marzo de 2016 el proyecto de ley 148 de 2016 que busca la modificación de la exigencia de la buena fe exenta de culpa para el opositor a la reclamación, cuya conducta “no pueda relacionarse de manera directa con los hechos que generaron el despojo”. La eliminación de esta cláusula en la Ley de Víctimas podría legalizar la compra de tierras producto del despojo, beneficiando de la violencia realizada por terceros, a quienes luego compraron las tierras.

Desde hace dieciséis años Humberto trabaja como gestor de paz en El Salado, que hace parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Desde allí viene construyendo la memoria, la verdad y buscando generar una cultura de paz junto con su padre don Samuel Humberto Torres Ortega “El Cantante de El Salado” sin embargo, el tener que salir de la tierra que hoy ocupan sin que se les hayan recobrado sus derechos por su estado de necesidad, genera confrontaciones no solo con personas que como ellos también son víctimas del conflicto armado, sino con el Estado.

Un Estado que sigue acumulando su deuda histórica al no brindarle ni el respeto ni las garantías suficientes a las víctimas de El Salado, un pueblo que afrontó solo durante siete días la masacre de los paramilitares, siete días en los que nunca llegó el ejército.

Un pueblo que hoy también se enfrenta al olvido porque en la conmemoración de los diecisiete años de esta masacre ninguno de los representantes del Estado que habían sido invitados, se hicieron presentes.”

Source: Una deuda histórica | Red Colombiana de Lugares de Memoria

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