“Aun antes de que empiecen a funcionar los mecanismos de esclarecimiento pactados en el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, ya está en pleno despliegue una ofensiva para deslegitimarlos. ¿La razón? Muchos temen a la verdad: unos porque saben que conlleva una atribución de responsabilidades; otros, porque la ven como competencia de las narrativas con las que justificaron la guerra.

Aun para Colombia, las cosas están adquiriendo ribetes insólitos. Un expresidente escribe al Gobierno y el Congreso de Estados Unidos descalificando la Jurisdicción Especial de Paz como diseñada por las Farc. Los militares logran que el Presidente los incluya por decreto en el consejo directivo del organismo estatal encargado de buscar, con autonomía, verdades y responsabilidades sobre los actores del conflicto.

Abundan estigmatizaciones que llaman proclives a la guerrilla a personajes internacionales encargados de seleccionar jueces del Tribunal de Paz y miembros de la Comisión de Esclarecimiento, como para deslegitimar a estos organismos aun antes de que empiecen.

El problema de la Jurisdicción Especial de Paz no es que esté hecha a la medida de las Farc; el problema es que es para procesarlas no solo a ellas.

El Estado, las cúpulas de diversos partidos, mandatarios vivos y fallecidos, altos mandos militares de varias décadas, empresarios y terratenientes, élites locales, medios de comunicación, las Farc, el Eln, los ‘paras’ le deben a Colombia mucha verdad y muchas respuestas.

El problema de la Jurisdicción Especial de Paz no es que esté hecha a la medida de las Farc; el problema es que es para procesarlas no solo a ellas.

¿Tuvo apoyo institucional o no la reacción paramilitar a la amenaza guerrillera? ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado que por décadas asistió impávido a su expansión y no evitó que más de 2.000 masacres se apilaran sobre infinidad de otros crímenes impunes? Colombia cuenta 60.000 desaparecidos forzosos; ¿cuántos se necesitan para declarar esta práctica sistemática, y sistémica, su impunidad? De todos los empresarios y terratenientes que padecieron extorsión y secuestro; ¿cuántos financiaron voluntariamente retaliaciones armadas? ¿Jugaron algún papel los medios en consolidar imaginarios que demonizan a la guerrilla y son benevolentes ante las acciones y omisiones del Estado?

¿Y la guerrilla? ¿Qué va a decir sobre prácticas sistemáticas como el secuestro, el reclutamiento de menores, el minado y una larga lista?

Todos, guerrilleros, agentes del Estado y ‘terceros civiles’, enfrentan el desafío mayor de confrontar sus narrativas heroicas de la guerra con las verdades perturbadoras que surjan de la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de Esclarecimiento.

Porque ese es el sentido profundo de la verdad: saber qué pasó y conocer a los responsables es lo único que pone el punto final al conflicto. Los fusiles se silencian, pero sin verdades compartidas, los odios siguen intactos y las almas, ancladas en el pasado que justifica el exterminio.

Hoy, en Colombia el mejor camino para mantener la polarización es insistir en las narrativas que justificaron la guerra. La única manera de reconciliar a una sociedad que sale de un conflicto tan largo y degradado es la opuesta: la verdad y el reconocimiento.

Que la sociedad toda sepa qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y quién lo hizo es un paso esencial para que los que ayer se mataban y causaron sufrimiento masivo logren verse como adversarios, no como enemigos; para que reconozcan que ni la rebelión, ni la defensa de la democracia ni el anticomunismo justifican mucho de lo que hicieron y, sobre todo, para que rindan cuentas transparentes ante los millones de civiles a los que hicieron padecer la lista entera de crímenes del Estatuto de Roma.

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Hoy hay no pocos que ven en la guerra por la verdad la prolongación de la guerra de verdad. Colombia debería hacer todo lo posible por evitar ese camino.”

Source: ¿Se viene la guerra por la verdad? – Columnistas – Opinión – ELTIEMPO.COM

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